¿Existen derechos humanos de primera y de segunda?

En México tal parece que se privilegia esa postura. La idea de jerarquía en el ámbito del derecho permite identificar niveles o grados de preferencia, siendo la armonización el ingrediente principal para solucionar un conflicto entre pretensiones mas no entre derechos, por eso opino que no tiene por qué sacrificarse un derecho frente a otro, sino matizar –armonizar– el ejercicio de cada uno de ellos.

Mi consideración permite superar tres falacias esenciales: a) que existe jerarquía entre derechos; b) la existencia de conflictos entre derechos y; c) la ponderación como único medio para solucionar la falacia anterior.

Con relación al primer inciso afirmo que no existe jerarquía entre derechos humanos porque ninguno de ellos acepta un ejercicio absoluto. Hasta el desempeño de la vida puede ser relativo por voluntad propia, natural o del Estado en casos extremos. En ese rubro encontramos el derecho a la muerte –eutanasia– y la pena de muerte, pues aunque ese último supuesto fuera eliminado, queda la posibilidad de emplear la legítima defensa para suprimir la vida de un tercero, lo cual pone en duda un derecho a la vida superior a las demás prerrogativas humanas dada su relatividad basada en cuestiones naturales, ya que hasta ahora no somos eternos, y quien pone en riesgo la vida de alguien mediante una agresión a su vez justifica un resultado igual en su corporeidad.

Recordemos el caso de los Testigos de Jehová ante las transfusiones sanguíneas, donde el Tribunal Constitucional de España privilegió a la libertad religiosa frente al derecho a la vida cuando se trató de preservar el derecho a la libertad personal de los padres del menor que murió por negarse a recibir sangre ajena.

De modo similar –relativo– opera la libertad que no es sinónimo de libertinaje o impunidad frente a la propia seguridad del ser humano, por tanto no es del todo correcto afirmar la existencia de derechos superiores o inferiores mediante la aplicación del método del sacrifico –ponderación–, y considero que lo pertinente es la armonización en el ejercicio de los derechos humanos en aras de armonizar los roces entre pretensión y el uso regulado.

Ese criterio, en vez de ponderar a modo de sacrificio, permite compatibilizar el ejercicio del derecho o las pautas constitucionales para ello.

En pocas palabras, privilegio la idea de preferencia en cuanto al ejercicio, previa armonización de los intereses –pretensiones– en juego, mas no sacrificar ante una aparente colisión entre un derecho y una libertad, porque ello admite adentrarse en el tema de la pretensión de ejercicio y pasa por alto que el problema quizá emane de la forma y términos en que se quiere usar el derecho.

Mi opinión consiste en que no hay jerarquía en materia de derechos humanos. En ese tema todo es fundamental. No hay derechos de segunda o de primera, pero existe la posibilidad de ejercerlos y transgredir el derecho o libertad de otra persona, aspecto que permite reclamar la manera en que se usa o pretende usarse, y no el derecho como tal, salvo que en realidad no lo sea.

Quedarse en la interpretación textual de la Constitución para identificar contradicciones gramaticales o semánticas únicamente descubre un problema de técnica legislativa que a nada práctico conduce si no se analiza e identifica lo razonable o justificado en el uso del derecho, sin descartar que el problema pueda estar en una de sus hipótesis de ejercicio y no entre derechos que, como expuse, sólo refieren pautas para el desarrollo humano, cuya efectividad depende de los términos y condiciones en que se autoriza ejercerlo.

Insisto, no hay jerarquía de derechos sino preferencia en su ejercicio. Y no existe conflicto entre derechos, sino ejercicio abusivo de los mismos. Por eso la ponderación no es el único medio para determinar en qué caso se prefiere un derecho frente a otro, siendo necesario armonizar al tenor de hipótesis que solucionen el problema de uso y no entre derechos, por lo que la idea de jerarquía, en mi concepto, no tiene cabida si se parte del ejercicio del derecho y no de éste como tal.

*Presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos

Contralínea 403 / del 14 de Septiembre al 20 de Septiembre 2014





El autocontrol en la defensa de los derechos humanos

Ningún defensor de los derechos humanos puede decir que lo es si sus reclamos provocan un mal mayor al que motiva su exigencia. El impacto de la acción de tutela debe privilegiar un todo armónico que permita el ejercicio racional de los demás derechos y libertades: sin distorsión del entorno básico social, ambiental, económico y político del país donde están reconocidos.

En ese sentido no se puede pedir el pago en una sola exhibición de cantidades que, pese a ser deudas del Estado o de un particular, pongan en riesgo la viabilidad de programas sociales, la nómina de miles de trabajadores o el mínimo vital del deudor. Las medidas que impone el autocontrol de que hablo parten de un razonamiento lógico-práctico que armoniza cualquier pretensión para no violar derechos de terceros.

La nación y algunos particulares tienen la obligación de contribuir al reconocimiento de prestaciones sociales y prever fondos o seguros destinados al pago de indemnizaciones o condenas provenientes de un actuar inadecuado.

Resulta curioso observar instituciones que contemplan un departamento jurídico para evitar o hacer frente a demandas instauradas en su contra, pero no prevén cantidades adecuadas para evitar litigios mediante conciliaciones indemnizatorias o garantizar el pago de una condena firme.

Bajo esa idea, el autocontrol en la defensa de los derechos humanos –vinculante para el Estado y el defensor de la persona o su medio ambiente– implica un actuar acorde con las circunstancias del país donde se genera el conflicto, es decir, acciones responsables que privilegien soluciones armónicas al derecho de fuente nacional o internacional. La armonía mencionada permite que el reconocimiento a los derechos no ponga en riesgo la viabilidad de programas previos para el respeto de otras obligaciones del país o de las que pesan sobre los sujetos involucrados en la violación.

De aceptarse nuestra postura, México tomaría conciencia respecto de la irresponsabilidad social, económica y política a la que conduce el reconocer derechos y libertades de cumplimento dificultado cuando no son de imposible observancia o resarcimiento. Es indudable que el interés del gobierno estriba en aumentar su prestigio nacional e internacional y optimizar los niveles de inversión externa. Empero, no es válido hacerlo mediante la inclusión de derechos o libertades ilusorios, la idea de una Constitución utópica se encuentra desenmascarada y casi superada, dado que la sociedad ya no acepta compromisos que en la práctica no puedan acatarse.

El rumor de que cumplir ciertos derechos humanos provoca la quiebra del país deviene alarmista, pues primero tendría que existir un programa oficial de cumplimiento inmediato o paulatino –según se trate del derecho en juego– para luego identificar –conforme a los saldos de la cuenta nacional– si la ejecución de dicho programa pondría o no en riesgo al tesoro de la nación. Sólo así estaríamos en aptitud de avalar el cumplimiento diferido de ciertas responsabilidades estatales.

Si se mantiene la tendencia de derechos y libertades ilusorios, los defensores de los derechos humanos, lejos de claudicar en la lucha, continuarán instaurando acciones con el objeto de que el Estado cumpla con el derecho de fuente nacional o internacional. Ninguna persona en su sano juicio puede aceptar un país que defrauda la práctica de su propio discurso. Debemos ser claros y evitar engaños.

El autocontrol del que hablo implica la emisión de actos generadores de un impacto positivo en el seno donde pretenden ejecutarse; así, al defensor corresponde no sólo demandar el respeto y cumplimento a un derecho humano, sino también proponer las medidas a partir de las cuales ello debe realizarse para prevenir los posibles daños que su reclamo conlleva; a la autoridad compete emitir una determinación cuya ejecución no afecte derechos de terceros, pudiendo, en su caso, solicitar o aceptar la ejecución paulatina de actos en respeto a la dignidad humana.

Ejemplo:

Supongamos la existencia de más de 40 millones de personas sin acta de nacimiento ante la omisión del Estado de prever programas adecuados para tutelar ese derecho humano a la identidad. Un ciudadano comprometido con su entorno promueve amparo en favor de ese sector vulnerable y el juzgador desecha la demanda en razón de que cumplir con la expedición de ese número de actas quebraría el país o pondría en riesgo las finanzas públicas.

Ese tipo de actuación es la que debe evitarse. Si bien puede resultar fundado el temor de la autoridad, lo cierto es que pasa por alto el análisis de elementos dados en la demanda o averiguados de oficio durante el desahogo del procedimiento o proceso. ¿De qué datos? De los concernientes a identificar medios alternos o progresivos para cumplir con la obligación de otorgar certificados de identidad y proponer lineamientos que restituyan esa carencia y eviten la falta de registro de niños o niñas y personas en general.

Un sistema informático de identificación similar a la Clave Única de Registro de Población en México brindaría un listado provisional de identidad efectivo para todas aquellas personas que lo necesitan, pues queda claro que los ciudadanos no utilizan más de seis actas de nacimiento al mes o al año, salvo casos excepcionales, por lo que el registro electrónico, como medida alterna al acta, puede ser útil para preservar el derecho humano a la identidad, ya que muchas autoridades o particulares solicitan el acta de nacimiento de manera discrecional y sin fundamento en una norma.

Un juez garante integra la solución obviando la existencia de leyes exactas al caso concreto. Impartir justicia va más allá de la aplicación de un código que al parecer contiene respuestas mágicas a cada problemática. Si eso último fuera verdad, ¡qué fácil sería la labor judicial! Sin embargo se necesita voluntad y creatividad –además de vocación y carácter– para brindar soluciones acordes y de impacto positivo en sociedad.

Por ello considero necesario un programa nacional –susceptible de progresar mas no de desaparecer– que identifique los derechos y libertades que la Constitución, los tratados internacionales o su interpretación contemplan y establezca lineamientos o políticas públicas progresivas que permitan cumplir con ellos, sin soslayar las recaudaciones destinadas a ese objetivo.

Así, el programa nacional –previsto a nivel constitucional– marcaría las pautas a corto y mediano plazo de cumplimiento y, entonces, la defensa de los derechos humanos podría darse conforme a reglas claras de apertura, cuyos rasgos esenciales preserven la tutela de la dignidad o medio ambiente. La adopción de esta idea permitirá la existencia de reclamos autocontrolables en apego a un estándar previo de protección, el cual también será susceptible de mejorar conforme al principio de progresividad social.

Cualquier atentado a ese postulado provocará, sin duda, un reclamo adicional, pero con lineamientos claros de voluntad para garantizar nuestros derechos y libertades. Debemos evitar el envío de mensajes falaces a la sociedad que mantengan una tranquilidad aparente, cuyo desvanecimiento se presenta, por citar un caso, ante jueces, que al pedirles que impartan justicia dan la espalda bajo el argumento de que cumplir con lo que la Constitución dispone “conlleva a la quiebra nacional”; visión retrógrada que obstaculiza el acceso a la justicia y provoca desigualdad social entre quienes reciben una atención idónea por parte del Estado y las personas perjudicadas por un servicio público deficiente.

Valdría la pena abrir el debate y exponer las razones oficiales en que se basa la idea de que cumplir con los derechos humanos posibilita la quiebra de un país.

Identifico algunos supuestos que, al no ser atendidos en pro de un mejor acatamiento de los derechos sociales, pondrían en riesgo a México. Entre ellos:

a) Los salarios elevados de funcionarios públicos;

b) Los gastos de representación (desayunos, comidas, cenas de trabajo);

c) Los pagos de teléfonos celulares y choferes a funcionarios públicos;

d) El otorgamiento de vehículos gratuitos para trasladar funcionarios públicos; y

e) El exceso injustificado de asesores.

Se afirma lo anterior en virtud de que el pago de indemnizaciones o restitución por violación a derechos humanos jamás deberá afectar los programas sociales preexistentes en razón de que los mismos ya están etiquetados desde el presupuesto de egresos de la federación o de los estados, por lo que el desvío de los mismos violaría el citado principio de progresividad social y actualizaría alguna hipótesis delictiva, como el peculado, lo cual sería una violación a la dignidad humana mediante acciones aparentes de salvaguarda.

Los recursos sujetos a ponderación en pro del desarrollo social serían los destinados a algunos, a todos, o a más de los enumerados anteriormente –la sociedad sabe a qué me refiero–, pues el compromiso de México no es con la preservación de la alta burocracia, sino con el reconocimiento, fomento y protección de los derechos y de solidaridad social.

Se sabe que a nivel mundial México es el país que más invierte en sueldos estatales pero sin alcanzar los niveles esperados de efectividad. Lo anterior se afirma con base en su lugar en la lista de países corruptos, en el hecho de seguir aprobando de panzazo los exámenes practicados por la Organización de las Naciones Unidas y en el actuar de ciertos funcionarios que reiteran, entre otras excusas, que cumplir con lo dispuesto en el derecho de fuente nacional o internacional “quebraría a la nación”.

El doble discurso impide plantear una propuesta seria de combate a la corrupción y a la violación de diversos derechos y libertades humanas.

Vale señalar que la mayoría de atentados contra la dignidad humana son por omisión, tema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala al tenor de criterios como “omisión legislativa. Es improcedente el juicio de amparo en su contra, conforme con el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, con relación al Artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; e “improcedencia. Se actualiza en el juicio de amparo si el juzgador advierte que los efectos de una eventual sentencia protectora provocarían transgresión al principio de relatividad”, tesis preservadoras de una fórmula denegadora de justicia.

Ahora, si el conjunto de incisos que mencioné son parte de la quiebra a que se refieren los detractores del reconocimiento efectivo de la dignidad humana, valdría la pena reflexionar sobre qué se justifica más: mantener una elite de funcionarios públicos ricos o preservar la dignidad humana de quienes necesitan, por mencionar algunos casos, atención médica, y que por no tenerla dan a luz en los jardines de un hospital o mueren en sus pasillos ante la insuficiencia de recursos naturales y humanos para atender casos urgentes…

Los médicos están en constante riesgo de ser sancionados porque el Estado omite garantizar, de manera efectiva, el derecho a la salud bajo el rumor de que una atención hospitalaria idónea quebraría al país, con lo cual mantiene la carencia de camas y recursos humanos adecuados, pues resulta que para economizar debemos someter nuestra atención a médicos que llevan más de 20 horas sin dormir, para luego reclamar atención de primera cuando nadie está obligado a lo imposible. La falta de sensibilidad ante ese tipo de problemas genera un servicio de salud cuestionable que permite demandas fundadas contra el país.

Hay que poner orden. Aprovecharse de la confusión que provoca la tutela efectiva de la dignidad está propiciando sociedades indiferentes o desesperanzadas. ¿Eso queremos en México, en la región, en el mundo? Cada vez son más los suicidios en gente joven. Por mencionar un dato, en 2010 se suicidaron 2 mil 582 personas; en 2011, la cifra aumentó a 3 mil 50; pero durante la primera mitad de 2012 fallecieron 5 mil 189 personas por esa misma causa.

Sería catastrófico que ello, además de un origen siquiátrico, sicológico, o de bullyng también obedezca a un Estado que no establece oportunidades efectivas de educación y desarrollo personal, económico y social.

Enrique Carpizo*

*Presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos

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Sin control autodefensas y paramilitares Contralínea 400 / 24 agosto de 2014





Hacia un nuevo perfil de legislador

Cada vez se hace más frecuente el cuestionamiento social hacia cierta clase o agrupación política, y algunas veces pagan justos por pecadores. A muchos ciudadanos les parece vergonzoso aspirar a ser diputado o senador en razón de los pocos ejemplos de integridad que existen en el país.

El prestigio de la administración pública y de la procuración e impartición de justicia continúa demeritándose, y es que los hechos hablan por sí solos; en una nación donde el acceso a la educación y a la salud es limitado, la discriminación es patente y los procesos y procedimientos previstos para reclamar justicia son complejos y anquilosados.

Tal parece que los candidatos a servidor público son los que generalmente guardan una imagen de hábiles o abusivos, aquellos a los que siempre se les dijo “tú sí serás buen político” o “tú sí serías buen político”…

Sin embargo, en un estado constitucional de derecho el perfil de servidor público o político de carrera no sólo se basa en su experiencia y conocimientos técnicos del momento, sino en valores laicos inherentes a su educación y calidad de persona.

Cualquier gobierno o sociedad requiere de sujetos sensibles, leales, perceptivos, empáticos, congruentes, transparentes, solidarios y comprometidos con su entorno, es decir, con principios estables, auténticos, independientes y de contacto social.

La simetría nacional necesita amantes de los retos y los cambios positivos. La sociedad reclama personas que descubran y generen alternativas de progreso, en pocas palabras: gente con amor y pasión a la región, al continente, al planeta.

Lo obvio, como hablar el idioma oficial del territorio en que ejercen, será la preparación e idoneidad para el cargo asignado o al que aspiran, debiéndose descartar al experto pero enfermo de poder, al impostor o a quien públicamente no goza de buena reputación, salvo que la sociedad lo aclame para determinado cargo público, lo cual será difícil… Pero en una democracia nada es impensable sino controlable.

Así, nuestra atención debe estar en la vocación al servicio público y en la aptitud de cumplir con los valores que ello demanda. Los ambiciosos y retóricos siempre han existido y nunca faltarán: más ello no legítima un asalto a la humanidad.

La gente está harta de los usurpadores de principios y de la cara amable de la ayuda aparente. De los fervientes buscadores del vivir a expensas del Estado y los negocios que se pueden hacer con el abuso de su potestad.

Nuestro contexto reclama un ser humano preparado para superar los problemas sociales y del planeta, siendo necesario aportar y reforzar la educación de nuestra juventud y de los interesados en cargos públicos.

Quien creyó que la función política o de servicio público era mantener un escritorio limpio y perfumado se equivocó de época o se resiste al cambio.

El perfil de quien se dice político o se interesa en la política –cuyo aceptar está al descubierto– consiste en ser honesto y ejercer con base en la verdad y distinguir entre temas que se resuelven mediante leyes de aquellos donde la emisión de normas no resuelve la problemática.

De nada sirven las caretas. Tarde o temprano el falaz se delata y de ganar un buen salario pasará a devengar el desprecio de los sectores perjudicados por la corrupción, la doble moral o el desvío de poder.

Seamos realistas. La humanidad requiere echar mano de su voluntad y carácter en el ejercicio y defensa de sus derechos y libertades; pero ante todo, de un nuevo perfil de político o servidor público, basado en valores y principios seculares, donde la preparación es obvia pero los valores son indispensables.

Enrique Carpizo*

*Doctor en derecho. Presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos

Contralínea 398 / 10 agosto de 2014





Sentencias Conforme a Derechos Humanos Humanos, un asunto pendiente

Una de las ventajas de vivir al amparo de un estado constitucional de derecho es la posibilidad de poder demandar que las obligaciones se cumplan y los derechos se respeten.

Nuestra Constitución avala la existencia de órganos judiciales y administrativos para atender los reclamos ciudadanos. Comúnmente, a nivel nacional e internacional, se dictan miles de sentencias al año, algunas absolutorias y otras condenatorias, sin descartar aquellas que declaran la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto, norma u omisión (en materia de amparo más de 230 mil resoluciones, Cfr. Informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

En México se ha superado el criterio de la Corte que impedía a los jueces estatales realizar un análisis de constitucionalidad para, en su caso, declarar la inaplicación de una norma. Incluso, la Constitución impone a todas las autoridades del Estado la obligación de fomentar, respetar y garantizar los derechos humanos (Vid, Supra, punto V).

Así, podemos distinguir espacios de cumplimiento que pueden provocar un detrimento en el ejercicio de otros derechos. La ejecución óptima de una sentencia –nacional o internacional– ocurre cuando no se afecta la dignidad humana.

En efecto, corresponde al accionante u órgano encargado de velar por el acatamiento de la resolución que no haya violación a los derechos y libertades que fomenta, por eso su actuar será defectuoso si va más allá de lo solicitado por el juez e innecesario para su observancia.

La idea de “cumplimiento armónico” consiste en la obligación de prevenir defectos o excesos en la ejecución de la sentencia, facultad de la autoridad judicial o administrativa que no puede ser eludida a menos que devenga arbitrario aquello que ejecuta o viole derechos humanos de terceros.

Los medios para reclamar esos vicios son muy variados, y la obligación de velar por el adecuado cumplimiento de la sentencia implica algo más que respeto a los lineamientos jurídicos preexistentes para ello, es decir, requiere ir hasta donde el objeto de la determinación lo permita en armonía con los derechos humanos en juego. Si bien la autoridad no podrá dejar de ejecutar su sentencia, lo cierto es que tampoco deberá hacerlo de manera ciega al contexto donde pretende hacer efectivo el cumplimiento de una condena o la restitución de un derecho.

Cuando esos límites se rebasan, los sujetos afectados por el acatamiento del fallo tienen legitimación para reclamar el detrimento, pero no sólo desde un punto de vista legalista atinente a violaciones cometidas durante la ejecución, sino verdaderas afectaciones a la dignidad humana.

De ahí que los juzgadores –nacionales o internacionales– deban tener especial cuidado cuando soliciten ejecutar una sentencia que implique el desalojo de una familia donde hay niños, ancianos, incapaces o enfermos que requieran atención especial vigilada.

En esos casos, el juez debe girar oficio a los albergues y hospitales públicos con el objeto de que presten, al momento de efectuarse la diligencia, los servicios necesarios para salvaguardar los derechos y libertades de las personas involucradas en el lanzamiento.

Ese tema encuentra relación directa con la ejecución de medidas precautorias efectivas para tutelar eficazmente los derechos humanos de las partes, por ejemplo, en el caso de la solicitud de pensiones alimentarias donde, por lo regular, el acreedor alimenticio no las paga bajo el argumento de que no tiene trabajo o dinero para ello; caso en el cual el juez no puede arrestarlo o privarlo de su libertad porque reduce la posibilidad de que encuentre empleo (tesis).

No obstante, la protección de ese derecho conforme a otros derechos puede darse a partir de dos puntos:

a) Que en el interior de un centro de arrestos o readaptación existan empleos que permitan al deudor cumplir con la obligación de proporcionar alimentos y reducir la compurgación de una sanción.

b) Que el juez gire oficio a la autoridad del estado encargada de brindar empleos temporales para que el derecho humano a una pensión no quede ilusoriado.

El mismo cuidado deberá darse en el caso de condenas económicas que violen el mínimo vitae de las personas, pues no se puede condenar en detrimento de la dignidad humana.

Existe obligación del Estado en preservarla conforme con los medios que la nación tiene a su alcance; por ejemplo, analizar si el condenado –al cumplir sentencia– se queda sin sustento o sin recursos para solventar una enfermedad o procurar el bienestar familiar, entre otras cosas, que pueden viciar la ejecución de una sentencia. No debe olvidarse que el ejercicio y respeto de un derecho no puede afectar en forma exacerbada el goce de derechos de terceros involucrados en el proceso o procedimiento, con independencia de la calidad de las partes, pues el juez es imparcial.

Reitero, es fundado comunicar a instituciones partes o no de la litis para que acuda al momento de ejecutarse el fallo cuando ello ponga en riesgo la dignidad de ancianos, niños o sectores vulnerables.

Esa obligación tiene fundamento en el Artículo 1 constitucional y en la ley para la protección de menores o, en su caso, la tutela del adulto mayor, entre otros tratados internacionales afines.

La idea de ejecutar sentencias conforme a derechos humanos superará el criterio que reconoce protección donde la ley lo dispone. No se requieren de reglas claras para tutelar lo difuso de los derechos y libertades humanas. Si existe ley a favor ¡bien! Si no existe ley a favor hay que armonizar los derechos en juego, pero jamás deberá ejecutarse una sentencia en detrimento de la dignidad y su entorno.

*Presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos

Contralínea 388 / 02 de Junio al 07 de Junio





La Suprema Corte en la Consulta Popular

Se cree que con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en temas relacionados con la participación democrática se afianzará la constitucionalidad de los actos provenientes del orden público. No obstante, el alto tribunal, por más de 50 años, ha luchado para evitar ser inmiscuido en cuestiones políticas. Así lo demostró al quitarse la facultad de investigación prevista en el entonces Artículo 97 de la Constitución sin importar ganar la batalla en momentos difíciles para el país en materia de procuración e impartición de justicia. Si bien los ministros lograron zafarse de dicha facultad, ahora enfrentan dos retos: reconocer una función limitada, o mejorar la vía jurisprudencial. De optar por la primera alternativa deberán aceptar que su intervención de farándula se restringe a verificar la redacción de la pregunta en la posible consulta para determinar si es acorde con los temas de consulta permitidos; pero si escogen la segunda, entonces deberán interpretar de manera proactiva la Carta Magna para armonizar su contenido con lo esperado por la sociedad. Expongo algunas consideraciones:

1. De entrada, la consulta popular es limitada a temas que no tienen que ver con la restricción de los derechos humanos; con los principios consagrados en el Artículo 40 de la Constitución; con la materia electoral; con los ingresos y gastos del Estado; con la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. ¿De qué servirá consultar otros temas si los relevantes quedan fuera de debate? ¡De nada! O de muy poco… Si aprovechamos el “muy poco”, ¿de qué servirá la inversión de miles de millones de pesos para recabar un porcentaje de firmas –con el apoyo de agrupaciones políticas– si al final la SCJN no podrá analizar la constitucionalidad de la norma consultada, sino sólo la pregunta?

La ciudadanía está cada vez más informada y sabe que no podrá consultar temas relacionados con los ingresos y gastos del Estado o la restricción de derechos humanos; por ende, hace falta algo más que una mal diseñada consulta popular para hacer creer que con la valoración de la Corte habrá mayor fidelidad a los principios rectores de nuestro país. ¿Por qué considero eso? Porque hará falta más que astucia legalista. Hará falta interpretación judicial y/o administrativa armonizante para no homologar la labor de la Suprema Corte a la de un secretario judicial que únicamente verifica la inexistencia de chicanas (trampas) en la redacción de la pregunta, o que ésta involucre temas exentos de debate o induzca la respuesta, aspectos importantes que a su vez evaden la intervención eficaz de la SCJN, pues de nada servirá decir que está bien redactada la pregunta si la norma en que se basa es inconstitucional y, por tanto, será lamentable desaprovechar la oportunidad de realizar un control judicial previo que permita a la sociedad opinar con mayor conocimiento de causa. Veamos otro punto también cuestionable.

2. Me pregunto: ¿los porcentajes requeridos para la consulta pública son excesivos o racionales? En la elección presidencial de 2012 éramos 79 millones 492 mil 286 personas inscritas en el listado nominal de electores, de las cuales participamos 50 millones 143 mil 616, es decir, el 63.08 por ciento; mientras que en la elección de 2009 para diputados federales, de una lista nominal de 77 millones 470 mil 785 personas, votaron sólo 34 millones 560 mil 344, correspondientes al 44.61 por ciento. Los porcentajes en cita muestran cómo la población mexicana, según la importancia de la elección, participa de manera inferior al 65 o 45 por ciento, y algo similar ocurre a nivel estatal tratándose de gobernadores o presidentes municipales. Bajo una perspectiva realista, los porcentajes de participación ciudadana son bajos, por lo que el reformador de la Constitución debió ser cuidadoso para no establecer requisitos ajenos a la realidad social, política y democrática de México. Si de una población de 112 millones 336 mil 538 habitantes en México –en 2010–, sólo 77 millones 75 mil 136 estamos inscritos en la lista nominal –2014–, y de ese número real el Artículo 35, fracción VIII, numeral 1, inciso c de la Constitución requiere el “equivalente, al menos, al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores” correspondiente a 1 millón 541 mil 503 personas, de 77 millones 75 mil 136 inscritos en la referida lista, vemos un porcentaje elevado que hace de una consulta ideada para la población pasar a ser –quizá– un instrumento más de presión reservado a las fuerzas políticas más importantes del país.

Seamos realistas, en nuestro país la gente no está acostumbrada a participar en materia electoral. Está más preocupada y ocupada en subsistir que en participar en lo que denominan “circos”; por ello resulta cuestionable que la obligatoriedad de la consulta dependa del “40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”, es de decir, 30 millones 830 mil 54 ciudadanos inscritos en lista nominal: un 23.08 por ciento inferior al 63.08 por ciento de 79 millones 492 mil 286 personas que se requirieron para ganar la elección presidencial de 2012, cuyo nivel de votación se debió al cansancio social respecto a dos sexenios previos, lo cual no es común en la nación mexicana. Basarnos en eso sería tanto como descartar nuestra historia. Si en los comicios federales de 2009 México contaba con 77 millones 470 mil 785 personas inscritos en la lista nominal y de ellos sólo participaron 34 millones 560 mil 344 ciudadanos correspondientes al 44.61 por ciento de la lista de ese momento, entonces ¿de dónde sacó el legislador que era factible requerir 1 millón 541 mil 503 ciudadanos inscritos en la lista para proceder a la consulta y 30 millones 830 mil 54 de personas para hacerla vinculante? ¿Resulta lógico requerir un número de votos similar al obtenido en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012?

Considero que los pasos hacia la democracia deben partir de un presente que no descuida el pasado en aras de transitar a un futuro menos incierto. Así, el parámetro de participación debió haber partido de un porcentaje inferior al obtenido en comicios federales previos, pues de nada servirá cumplir con los estándares que marca la Constitución si ello en vez de representar lo deseado por la sociedad en realidad representa los intereses partidarios que logran coordinarse en el tema. Los ciudadanos han mostrado una participación democrática creciente pero baja, aun tratándose de la elección de presidente de la República (y más en la de diputados federales y senadores). Por eso considero compleja la operatividad de la consulta popular que prevé el Artículo 35 de nuestra Carta Magna, salvo que en realidad esté dirigida a preservar la voluntad de las principales fuerzas políticas y no de la sociedad; de ahí que la intervención de la Corte en el tema –a mi juicio– sea ociosa, limitada y pueda legitimar intereses ajenos a la justicia. ¿De qué servirá desaprovechar su experiencia en validar la redacción de una pregunta? ¡De nada! Y estaríamos pasando por alto la opinión judicial de fondo en el momento más oportuno para la sociedad.

De esas reflexiones, entre otras que no considero oportuno expresar de momento –como la omisión del legislador en elaborar la ley reglamentaria de la consulta popular desde el 9 de agosto de 2013– advierto un mensaje equivocado a la sociedad consistente en hacer parecer que la intervención de nuestro máximo tribunal avala la normativa objeto de consulta y podría limitar la defensa ciudadana o institucional, pues algún sector de la sociedad podría opinar: “…la SCJN apoyó la consulta, misma que se perdió al no reunir los requisitos previstos para hacerla vinculante…”. Entonces de nada servirá promover amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, ya que la Corte reiterará su aval; situación desatinada en razón a que la aplicación o entrada en vigor de una ley –previamente consultada– no está exenta de causar perjuicios sociales. Por eso considero importante reflexionar si vale la pena mantener la intervención del alto tribunal para simplemente analizar que la pregunta no tenga que ver con los temas vedados de consulta u ostente errores ortográficos o de sintaxis; ¿o se le va a legitimar para pronunciarse sobre el contenido de la norma que será sometida a consulta popular y basar el porcentaje requerido para solicitarla y hacerla vinculante?

Recordemos que el alto tribunal analiza que las leyes, actos u omisiones sean acordes a los derechos de fuente nacional e internacional: sin su intervención, México no tendría los pocos avances en materia de certidumbre jurídica y de derechos humanos mas eso no legitima al gobierno para inmiscuir a la SCJN en temas que ponen en juego su credibilidad. No obstante, soy optimista y espero que la sociedad y la Corte respondan en forma diversa a mi apreciación y se cumpla con el postulado más importante de la humanidad: reconocer las demandas de justicia y de participación democrática efectiva.

*Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; profesor de amparo en la misma casa de estudios

Contralínea 381 del 14 al 20 de abril de 2014





El Control Constitucional Difuso

Desde un punto de vista argumentativo, quien puede lo más, puede lo menos, por lo que si el Poder Judicial de la Federación puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, entonces –también– podrá inaplicar su contenido.

Ahora, ¿de qué depende la pertinencia del método para inaplicar una norma frente al utilizado para declararla inconstitucional? Y, ¿qué deviene más favorable: la inaplicación o la inconstitucionalidad de una ley?

Evidentemente, esas preguntas admiten varias respuestas: una general y otra acorde con el sistema constitucional de que se trate. La respuesta general acepta que los presupuestos para inaplicar una norma o declarar su inconstitucionalidad están formalmente relacionados con un tema de facultades y competencias, pues bastará que el contenido del precepto tildado de inconstitucional resulte contrario a la Constitución para que la autoridad competente proceda a inaplicarlo o a declararlo inconstitucional.

En México, las autoridades judiciales locales tienen competencia para inaplicar, mas no para declarar la inconstitucionalidad de una norma; cosa distinta ocurre con los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, quienes además de tener facultades para declarar –vía amparo– la inconstitucional de una norma, también las inaplican, pasando por alto que acorde a los Artículos 124 y 133 constitucionales eso es facultad exclusiva de jueces estatales.

Como se sabe, los jueces de Distrito tienen una doble función: como juzgadores de procesos ordinarios y en materia de amparo. Si actúan como jueces de proceso ordinario, la viabilidad de la inaplicación no deviene compleja, sobre todo ante la existencia de normas inconstitucionales. El verdadero problema, considero, se origina en el proceso de amparo, cuando en suplencia de la queja surge la disyuntiva de declarar inconstitucional un precepto o inaplicarlo en el caso concreto.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ideó dos lineamientos para proceder a la inaplicación, a saber:

a) Que la interpretación conforme en sentido amplio, esto es que, conforme a derechos humanos previstos en la Constitución o en tratados internacionales, sea insuficiente.

b) Que la interpretación conforme en sentido estricto, es decir, escoger la interpretación más favorable, tampoco resulte suficiente.

Esos elementos, dirigidos tanto al juez estatal como al federal, tienen por objeto compatibilizar la inaplicación con el control concentrado; no obstante, los pasos previos de análisis en cita son los mismos que, en esencia, deberá tener en cuenta el juzgador federal antes de declarar inconstitucional un precepto, pues siempre tendrá la posibilidad de escoger entre realizar una interpretación conforme de la norma a la Constitución, declararla inconstitucional o inaplicarla, opciones que únicamente dependerán de la forma de concebir el derecho y de la comodidad interpretativa adoptada al momento de estudiar el caso, ya que existen asuntos donde se puede optar por comprender una norma o algunos de sus elementos para establecer armonía constitucional.

De lo expuesto, se advierte que la declaratoria de inconstitucionalidad, la interpretación conforme y la inaplicación comparten un presupuesto básico. ¿Cuál? Que el contenido del precepto reclamado con motivo de su aplicación o entrada en vigor genere un perjuicio al promovente o viole derechos humanos nacionales o internaciones en abstracto.

¿Por qué considero que la inaplicación en el amparo genera algunas incompatibilidades con el sistema de control constitucional concentrado en México?

Reitero, quien puede lo más puede lo menos, pero quien hace lo menos –inaplicar– deja de hacer lo más –declarar inconstitucional la norma– y actúa sin consideración del sistema y de su deber garante de la Carta Magna.

Se entiende que al juez local se le dota de una facultad coadyuvante al sistema de control constitucional concentrado, dado que conoce de la gran mayoría de conflictos o conciliaciones ocurridas en sociedad cuya normativa puede resultar contraria a la Constitución.

Esa actividad se entiende mejor si partimos de un sistema de control constitucional como el chileno, donde las leyes cuya inaplicación se solicita vía acción de inaplicabilidad son las futuras normas declaradas inconstitucionales por el tribunal competente.

Por ello, no estoy de acuerdo en que los jueces federales, al igual que los locales, tengan competencia no expresa para inaplicar los preceptos legales que a su vez no puedan ser objeto de interpretación conforme, la cual sí es susceptible de ser empleada por cualquier autoridad o ciudadano; ya que, por una parte, resulta inconstitucional renunciar a la naturaleza de control concentrado que profesan y acogerse a una opción reservada a los estados y, por otra, hacer lo menos cuando pueden hacer lo más, afecta los derechos de una sociedad interesada en que los jueces federales no homologuen su función a la de los juzgadores estatales, pues ello limita su efectividad.

Lo anterior, puesto que la inaplicación judicial federal de un precepto contrario al derecho de fuente nacional o internacional, priva de la posibilidad de que la concesión del amparo tenga efectos erga omnes conforme al procedimiento previsto para la declaratoria general de inconstitucionalidad, salvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una jurisprudencia donde homologue a la inaplicación como acto susceptible de tener efectos generales al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras ello no ocurra, lo factible es que los órganos federales en materia de amparo eviten inaplicar normas, excepción hecha de las reglas que rigen el amparo cuya inconstitucionalidad si podrá motivar su inaplicación.

La Constitución y la Ley de Amparo son claras al disponer que si la sentencia que declara inconstitucional una ley no es impugnada vía revisión, entonces no habrá oportunidad de que un magistrado pueda solicitar a la Corte la apertura del procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Por tanto, sí a la inaplicación de normas por jueces federales cuando:

a) Sean juzgadores en materia de amparo pero sólo para inaplicar normas provenientes de la propia ley que regula la materia y su actuar.

b) Sean jueces de procesos federales ordinarios.

No a la inaplicación de normas por jueces de amparo cuando se trate de las que sustentan el procedimiento, proceso o acto reclamado.

Otro tema que vale la pena analizar es el siguiente: ante un abuso del sistema difuso, ¿control constitucional indirecto?

Los jueces estatales han recibido con beneplácito el que la Suprema Corte les haya reconocido y a su vez devuelto la facultad para inaplicar normas que contravienen el texto de la Carta Magna. No obstante, hay voces que afirman abusos en el ejercicio de dicha competencia. La existencia de licencia para delinquir ante la inaplicación de tipos penales a nivel federal y local, así como la inobservancia de plazos procesales o procedimentales por estimarlos contrarios al Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), han dado pie a que vuelva la desconfianza en que el alto tribunal basó la proscripción del control difuso en México, por ende, la posibilidad de analizar la constitucionalidad de una norma está motivando descontento en gremios del poder que ahora se unen a los argumentos de antaño sobre lo inviable de un juez local con dicha potestad.

Algunos piensan que la solución sería una ley sobre la procedencia del control difuso, la cual podría vulnerar –conforme a los Artículos 124 y 133 de la Constitución– una competencia expresamente reservada a los estados y generar un atentado al principio de independencia judicial. Hasta hoy, ciertos abusos se quedan en el anonimato debido a que muchas veces no se impugna la resolución judicial que desvía el ejercicio del control difuso, y la jurisprudencia federal apenas se está ocupando del tema mediante la expedición de lineamientos que permitan un ejercicio “armónico” del control constitucional americano con el europeo.

Sin embargo, considero prematuro que a pocos meses de haberse reconocido en México la posibilidad de practicar el control difuso, se esté pensando en desaparecerlo o limitar su procedencia bajo el argumento de conservar una defensa constitucional “idónea”. Evidentemente, el desvío del poder debe detenerse pero sin afectar la competencia constitucional atribuida a órganos judiciales, cuya corrupción siempre habrá de sancionarse pero en términos de lo que racionalmente permite nuestro sistema y su relación con el ámbito externo.

La propia Suprema Corte de Justicia ha sido cuidadosa al exponer los términos en que debe proceder el control difuso y su relación con la vigencia de tratados internacionales en el país. Al respecto, cito un criterio judicial que expresa un matiz muy pequeño con relación a cómo debe operar el control difuso para reiterar que es en la función jurisdiccional donde existe la obligación a “dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.”

Ahora, en el extremo de que el control difuso provoque desigualdad e injusticia, quizá sea momento de adoptar un control incidental o indirecto sobre normas que al parecer atentan contra lo previsto en la Constitución y en el derecho de fuente internacional, lo que significa reformar el Artículo 133 de la Carta Magna para que en vez de que sea el juez ordinario quien declare la inaplicación de un norma, mejor someta a consulta del tribunal constitucional respectivo –federal u ordinario– las razones que a su parecer motivan la inaplicación de un precepto legal; así, sólo en caso de que dicha apreciación sea avalada, inaplicar el precepto sin impedir su revisión vía amparo, cuando el órgano que ratifique el criterio sea una instancia local, pero en el supuesto de que se trate de un tribunal constitucional: la determinación será inatacable en el ámbito interno.

Ese sistema ha dado resultado en algunos países de Europa y Latinoamérica, entre ellos, Alemania, España, Italia, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Se trata de una opción más asequible que nuestra tendencia por reconocer en apariencia las cosas, sin descartar que el funcionamiento adecuado del control difuso o del indirecto o incidental depende de la visión estática o progresiva que el intérprete tenga del derecho.

*Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; profesor de amparo en la misma casa de estudios

Contralínea 378 / 17 al 23 de marzo de 2014

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Enrique Carpizo Aguilar, nació en el Estado de Campeche, Campeche, México, el 19 de agosto de 1980.

Desde pequeño mostró interés por su entorno e intentaba ayudar con tan sólo 5 años de edad, detalle que lo identifica con la cultura del esfuerzo y la solidaridad.

Durante sus estudios básicos siempre adelantó sus tareas para tener más tiempo libre por las tardes. Tuvo buenas calificaciones pero no jugó fútbol en el recreo, prefirió oír música mientras leía y resolvía los libros del año escolar que cursaba o el siguiente: situación no grata para quienes fueron objeto de odiosas comparaciones y por eso sufrió de lo que hoy se conoce como bulling.

A los 7 años de edad mostró gusto por la música y se convirtió en lírico del bajo, la guitarra eléctrica y más tarde de batería, instrumentos que de vez en cuando práctica.

Con 14 años de edad decidió profundizar sobre historia de Campeche y conocer sus raíces. Dos años después, guiado por un periodista jubilado ex colaborador del New York Times, escribió "El ayer y hoy de aquel Campeche" (ensayo inédito), pero fue su interés y vocación por la justicia lo que le llevó a estudiar la licenciatura en derecho e ingresar con 17 años de edad a un Juzgado de Amparo para introducirse a su rama profesional, comprender el sistema constitucional mexicano y desarrollar su gusto por la defensa de la persona frente al Estado.

Su compromiso en las labores encomendadas -sin importar horarios extenuantes- motivó que a los pocos meses de haber ingresado al Juzgado de Distrito se le ofreciera su primer nombramiento como oficial judicial, mismo que no pudo asumir al no tener 18 años de edad y cuando los cumplió tampoco pudo detentarlo por carecer de cartilla militar liberada.

Fue hasta finales de 1998 en que obtuvo el citado nombramiento y lo desempeñó por más de 6 años en diversas áreas, entre ellas, la oficialía de partes, la sección de amparo, la sección de actuaría, la sección de procesos penales y la secretaría proyectista de sentencias de amparo. Carpizo Aguilar recuerda que su horario de labores en el juzgado era de 8:30am a 2:30pm, después tomaba transporte público y llegaba tarde a su clase de 3pm. De la Universidad salía a las 9pm pero regresaba al juzgado a más tardar las 10pm para retirarse a la 1am o 2am, llegar a su casa a la 1:15pm o 2:20pm, hacer tarea y dormirse entre las 3am y las 5am, esos fueron los horarios que vivió, por lo regular, durante sus estudios de licenciatura -sobre todo en época de exámenes- sin olvidar guardias y labores en días inhábiles o festivos.

Esas jornadas largas y escasas horas de sueño -que aún lo siguen- le permitieron idear y optar por mayores encomiendas académicas. A los 19 años de edad fue designado Director Fundador de la revista Realidad Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche y desde allí impulsó a los jóvenes a involucrarse en el ámbito de las letras. En ese medio de difusión publicó su primer artículo titulado "El Poder Judicial y la Terna de Candidatos a Ministros”, mismo que profundizó durante su servicio social en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la referida Universidad (2000-2001) para titularse con la tesis "Hacia una reforma judicial en México".

Su ejercicio docente inició a los 21 años de edad como ayudante de profesor en cátedra y previo a culminar sus estudios de licenciatura, la Secretaria del Juzgado donde él laboraba, rumoró la posibilidad de darle ese puesto cuando obtuviera la cédula profesional de licenciado en derecho, pues dicha funcionaria tenía la intención de jubilarse y proponerlo al cargo, sin embargo, Enrique Carpizo tenía otras expectativas y, al recibir su carta de pasante de la licenciatura en derecho, renunció al órgano judicial e instaló el despacho jurídico Asociados D' Carpizo con el cual obtuvo mayor experiencia y la posibilidad de viajar a otras ciudades con el propósito de hacer estudios de posgrado y cumplir su sueño de trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El camino no fue fácil y estuvo lleno de vicisitudes, empero gracias al Juez que le ofreció su primer oportunidad laboral, consiguió entrar a un Tribunal Colegiado de Circuito en el Distrito Federal y hacer estudios judiciales en el Instituto de la Judicatura Federal (2005-2006).

En 2007 alcanzó su meta de graduarse como Maestro en Derecho Procesal Constitucional y en 2008 logró su sueño de laborar en el Máximo Tribunal del país, no obstante, advirtió requerir mayores conocimientos académicos y renunció a una nómina bastante decorosa para emprender estudios de doctorado con ingresos simbólicos a los de un profesor de licenciatura.

Su estancia en el área de la investigación jurídica -de 2007 a 2014- le permitió pasar del simple parentesco a la amistad con el Dr. Jorge Carpizo quien lo alentó a profundizar sus conocimientos en materia constitucional y de litigio en favor de la dignidad humana, cuyo resultado práctico fue decisivo para incursionar en el ámbito intelectual del derecho y publicar su primera obra que terminó de escribir a la edad de 26 años, titulada Derechos Fundamentales. Interpretación Constitucional. La Corte y los Derechos.

Enrique Carpizo es un hombre apartidista, político de convicción, no de intereses egoístas, que se considera autodidacta del derecho cuyo pensamiento crítico le ha permitido escribir 11 libros y publicar 6 de ellos hasta ahora, múltiples artículos e impartido cientos de cursos en decenas de instituciones académicas de México y el extranjero, así como centenares de conferencias a nivel nacional e internacional. Se siente conforme con poder desayunar con un priista, comer con un panista y cenar con un perredista sin entrar en conflicto.

Razones que, en unión de otras, hicieron cumplir su meta consistente en crear un centro de estudio y de litigio estratégico que representa intelectualidad sin mafia o corruptelas, denominado Instituto para la Protección de los Derechos Humanos.

La circunstancia de vida de los Carpizo a que pertenece Enrique es de esfuerzo, compromiso, disciplina y dedicación, no de herencias, distinciones sociales o elitismo. Si bien sus ancestros fueron prominentes hacendados, lo cierto es que la familia de Enrique Carpizo no vivió en esa época, reprueba cualquier tipo de abuso y mantiene una vida en favor de la dignidad humana donde la protección a los derechos y libertades no sólo atañe a las leyes sino también a la voluntad, la creatividad y el atrevimiento de las personas.

Es claro que en la vida de este jurista no existió usufructo de herencias, la explotación de personas ni el tráfico de influencias, por eso Enrique Carpizo goza de credibilidad en la defensa de los derechos humanos, misma que realiza con respeto y argumentos jurídicos, bajo la idea de que la defensa no es ataque sino educación y búsqueda de respeto.

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Conferencias

Con el propósito de difundir la cultura y la educación en favor de la dignidad humana, me he especializado en derecho constitucional, derechos humanos, amparo e impartición de justicia, la idea toral consiste en sensibilizar sobre una nueva forma de comprender el derecho y los sistemas garantes de su contenido, siempre en aras de un Estado Constitucional Congruente, donde la defensa de un derecho no significa ataque sino búsqueda de respeto.

Así he logrado un ámbito de consciencia donde la preservación de nuestras libertades facilita la reflexión en temas relacionados con el combate a la pobreza, el respeto a un camino digno a la muerte, la visión proactiva del derecho y los sistemas nacionales e internacionales de protección a la persona y su entorno, aspectos que consolidan la temática esencial de mis aportaciones a nivel nacional e internacional en diversos sectores de la sociedad.

Si estas interesado en mi postura sobre alguno de esos tópicos u otros relacionados con mi profesión: no dudes en contactarme.

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Derechos fundamentales. Interpretación constitucional

El Maestro en Derecho Enrique Carpizo ha redactado un excelente y cuidadoso estudio sobre un tema muy complejo y actual, que es el relativo a la interpretación constitucional, a la que debe considerarse corno una de las preocupaciones contemporáneas sobre las actividades que realizan los organismos jurisdiccionales especializados en la solución de los conflictos derivados de la aplicación de las normas y de los actos vinculados con la Constitución, y particularmente respecto de la protección de los derechos humanos.

El análisis del Maestro Carpizo se orienta a considerar una cuestión de gran importancia que consiste en determinar la utilidad de conocer y manejar nuevos criterios interpretativos de la Constitución, en especial, en cuanto a los derechos humanos tutelados por la misma, lo que a su parecer no implica la exclusión de los métodos tradicionales y ordinarios de interpretación jurídica, por lo que respecta a las normas constitucionales, ya que la gama interpretativa de la Carta Fundamental no admite el sacrificio de un método por la existencia de otros, sino de su utilización en su conjunto, pero el autor considera con toda razón que debe predominar la aplicación mesurada de la interpretación ante la existencia de casos donde la tutela efectiva de un derecho fundamental amerita emplear nuevos niveles interpretativos, lo que significa de acuerdo con el autor, ir más allá de un simple traslado de los métodos elaborados en el ámbito del derecho privado al campo del derecho constitucional.

El análisis teórico es la base para un examen minucioso realizado por el autor en cuanto ala protección de los derechos humanos en México, con apoyo en los criterios de interpretación constitucional empleados por la Suprema Corte de Justicia de nuestro país.

La defensa constitucional en México

La defensa constitucional en México es una obra obligada para los especialistas en Derecho Procesal Constitucional, la cual se encuentra estructurada a partir de tres ideas cardinales para entender la trascendencia del tema. La primera es que las controversias y las acciones ofrecen un complemento indispensable al juicio de amparo, pues ambos instrumentos no se agotan en la imprescindible defensa de los derechos fundamentales, sino que ofrecen una vía adicional para la construcción de un equilibrio democrático y funcional entre los diferentes poderes que integran el Estado mexicano.

La segunda es que la Constitución "debe ser entendida como un referente de derechos susceptible de ser maximizado", cuyo contenido, por lo tanto, no puede ser restringido "por virtud de un formulismo". La tercera idea, presente a lo largo de todo el libro, es que la labor jurisprudencial ofrece la referencia fundamental para conocer el significado concreto y operante de la Constitución y las leyes.

A diferencia de muchos trabajos doctrinales que solamente ofrecen una exégesis del texto legal correspondiente, éste se basa en un profundo conocimiento de la jurisprudencia y de las tesis aisladas del máximo Tribunal mexicano, así como de las prácticas que suelen seguirse en la Corte al momento de desahogar instrumentos de defensa constitucional. Aunque el autor conoce y respeta la labor jurisprudencial de la Suprema Corte, ello no le lleva a celebrar acríticamente sus criterios y hace planteamientos y sugerencias a fin de superar las interpretaciones que, en la práctica, han restringido los alcances de estos instrumentos de justicia constitucional.

Diccionario Práctico de Justicia Constitucional

El estudio de la justicia constitucional pone de manifiesto un sinnúmero de temas, conceptos y expresiones relacionados con procesos para garantizar el contenido esencial de la Constitución y tutelar derechos humanos. Este diccionario práctico y de sencilla consulta contempla parte del lenguaje empleado por constitucionalistas en relación con instituciones públicas, procesales y derechos emanados de la actividad procesal aplicada al ámbito del derecho constitucional.

Esta obra tiene la finalidad de divulgar términos sustantivos y procesales utilizados en el campo de la defensa de la Constitución y de los derechos humanos. La idea principal consiste en poner al alcance de los estudiantes de derechos el significado de palabras indispensables para el adecuado estudio del derecho constitucional y de los procesos o procedimientos establecidos para su defensa y hacer respetar la dignidad humana. Se trata de un texto redactado en lenguaje claro y conciso, cuya asimilación se ofrece a través de simples ejemplos que clarifican sus contenidos o permiten matizar sus diferencias.

Estudios Sobre la Administración de Tribunales

En diseños constitucionales como el nuestro, el Consejo de la Judicatura tiene asignadas múltiples y diversas funciones tan importantes como las propiamente administrativas, las financieras así como el nombramiento, ascenso, adscripción, formación, vigilancia y sobre todo disciplina de los juzgadores, sumado a que no hay medios de impugnación contra la mayoría de sus decisiones. Tantas atribuciones con escasas precisiones legales hacen depender el éxito de su ejercicio de la sabiduría y prudencia de sus miembros. Esta situación debe ser analizada críticamente.

Por ellos la importancia de esta obra colectiva, cuyos ensayos que la conforman coinciden en el valor positivo de los Consejos de la Judicatura, en el gobierno de los poderes judiciales en los regímenes democráticos occidentales. Se encuentran reunidos en dos partados: el primero se dedica a la judicatura en México, y el segundo a los casos de Argentina y Venezuela. Asimismo se incluye como anexo el "Manifiesto contra la desaparición del Consejo de la Judicatura en el Estado de Jalisco".

Algunas de laa premisas de las que parten los autores gozan de consenso: los altos fines de la impartición de justicia o los motivos que dieron origen al Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se plantean ideas que mueven al debate. Existe acuerdo en que los juzgadores deben rendir cuentas y que deben ser sancionados cuando incurran en causas de responsabilidad jurídica. Sin ebargo, es muy dudosa la afirmación de que la mejor solución institucional sea que la decisión definitiva se encomiende a un órgano administrativo (no jurisdiccional), que es el mismo que investiga y formula la acusación, en un procedimiento administrativo (sin todas las garantías de un procedimiento judicial).

Del Estado Legal al Constitucional de Derecho

La obra que el lector tiene en sus manos expone una serie de ideas y elementos que permiten distinguir entre el modelo del Estado Legal y el Estado Constitucional. Enrique Carpizo percibe rasgos que posibilitan la consolidación de un Estado Constitucional congruente, refiriéndose a la existencia de elementos básicos para su instauración y el abandono de tendencias donde el país suele estar más acorde con el Estado Legal pero con ideas pertenecientes al Estado Constitucional. Se trata de un cúmulo de teorías, ideas y razonamientos que dejan entrever la experiencia de un joven jurista que se atreve a describir las penurias del sistema constitucional mexicano para sustentar propuestas que logren sanear su existencia o cuando menos saber dónde estamos y hacia dónde vamos.

Un libro significativo en el ejercicio profesional de cualquier abogado, profesor universitario o politólogo, sin olvidar a lectores y estudiantes interesados en conocer la verdad sobre la manera de operar el Estado de Derecho en México, la cual es un tanto lejana al paradigma constitucional al que aspiramos. Del Estado Legal Constitucional de Derecho coadyuva a la defensa de los derechos humanos pues la visión de Carpizo Aguilar advierte la existencia de un constitucionalista preocupado por su nación y la región iberoamericana debido a que sus ideas van más allá de México y del propio sistema federal. Su lectura y estudio consolida el camino hacia el Estado congruente que tanto necesitamos.

El Control Constitucional y el Convencional Frente a la Simple Actividad Protectora de los Derechos Humanos

México, tiene los presupuestos idóneos para ser congruente a la idea que pretende consolidar, esto es, la de reconocer derechos de fuente internacional y la de mantener órganos administrativos y judiciales en materia de justicia trasnacional o Interamericana. Sin embargo, hay temas por estudiar, sobre todo respecto a a) la existencia o no del control de convencionalidad interno frente a una actividad protectora de los derechos humanos susceptible de ser realizada por cualquier persona; b) superar la teoría de los derechos humanos limitados; c) la falta de interacción entre controles judiciales preventivos y represivos en materia de enmiendas constitucionales y ratificación de tratados internacionales y d) evitar tendencias que postulan un monopolio estatal en el reconocimiento y protección de los derechos humanos.

Incluso, existe reticencia en cuanto a la aceptación de reformas constitucionales inconstitucionales o ratificación de tratados internacionales contrarios al derecho de fuente internacional, sin soslayar el tema de los controles para la regulación de la actividad del Estado que se entrelaza con una serie de criterios que sustentan un control convencional interno o difuso. Acorde a esa última corriente, la doctrina y la jurisprudencia han marcado pautas que permiten reflexionar sobre su pertinencia, aspecto que deja de aparentar un destello cuando es abordado desde una perspectiva constitucional: donde los derechos de fuente internacional -convenios internacionales- no son más que derecho constitucional -derecho interno-.

Bajo esa perspectiva, me planteé el reto de identificar los elementos básicos que la nación mexicana requiere para afrontar un cambio social efectivo en materia de reconocimiento y protección a los derechos humanos, eso sí, a partir de temáticas relacionadas con nuestro campo de estudio: el derecho constitucional judicial.

Reconozco la buena voluntad en ideas que dejan atrás la declive utopía de derechos y me uno a ella como parte de mi compromiso social para exponer un punto de vista a partir de algunas realidades sociales y jurídicas previas, las cuales analizo en el libro primero de esta obra consistente en una edición corregida y aumentada de un tiraje pequeño en su momento publicado por el Tribual Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, con el afán de mostrar los rasgos esenciales del análisis judicial de valides de las normas, el control constitucional, el convencional, mi propuesta de actividad protectora y los presupuestos básicos que la función garante de la dignidad requiere en un Estado Constitucional de Derecho, sin dejar de observar su vinculación con el ámbito internacional que actualmente configura un espacio constitucional amplio, cuya connotación marca la diferencia entre dos modelos estaduales: el legal y el constitucional.

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    Grados Academicos
  1. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche

    Maestro en Derecho Procesal Constitucional

  2. Actividad docente
  3. Desde los 21 años de edad fue asistente de cátedra y hasta la fecha es profesor en varias universidades y escuelas judiciales del país y del extranjero, destacando su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

  4. Tesis dirigidas
  5. Ha sido tutor en múltiples tesis de licenciatura y de maestría.

  6. Formación de personas
  7. Año con año acuden a Enrique Carpizo múltiples estudiantes de derecho con el objeto de familiarizare en la materia de amparo y de interpretación contemporánea del derecho. El maestro Carpizo selecciona a los mejores perfiles para prepararlos e inmiscuirlos en litigios a favor del ser humano.

  8. Carrera Judicial
  9. Ha laborado en juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia, entre otros órganos judiciales.

  10. Procuración de justicia
  11. Tras la publicación de su libro La Defensa Constitucional en México, fue invitado por la Procuradora General de la República como asesor externo en materia de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales, labor que desempeñó hasta culminar el proyecto por el cual fue contratado.

  12. Publicaciones
  13. Derechos fundamentales. Interpretación constitucional. La Corte y los derechos, México, Porrúa, 2011.

    Diccionario práctico de justicia constitucional, México, Porrúa, 2012.

    La defensa constitucional en México, México, Porrúa, 2011.

    El control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos, México, Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, 2013.

    “El gobierno judicial en México, pasado, presente y futuro”, en Carpizo, Enrique (coord.), Estudios sobre la administración de tribunales, México, Porrúa, 2013.

  14. Artículos
  15. “Algunas reflexiones sobre el control de convencionalidad y su relación con el control difuso en México”, Revista Latino-Americana de Estudios Constitucionales, dirigida por Paulo Bonavides, Brasil, en prensa.

    "La condena internacional a México por violación a derechos humanos" en Revista Contralínea, México, año 12, núm. 369, enero de 2014.

    "La Suprema Corte en la consulta popular: utilidad o farándula?" en Revista Contralínea, México, año 13, núm. 381, abril de 2014.

    "Sentencia conforme a derechos humanos, un asunto pendiente" en Revista Contralínea, México, año 13, núm. 388, junio 2014.

    "Derechos humanos absolutos o limitados" en Revista El mundo del Abogado, México, año 16, núm. 181, mayo 2014.

    “Destierro…Origen y consolidación de la primera sentencia de amparo”, en Realidad Jurídica, México, año I, núm. II, abril-junio de 2004.

    “El control de las reformas constitucionales en México. Un análisis judicial pendiente”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, México, t. LXI, núm. 255, enero-julio de 2011.

    "El control constitucional difuso: competencia federal, estatal o abuso en su ejercicio?" en Revista Contralínea, México, año 12, núm. 378, marzo de 2014.

  16. Impacto de su obra intelectual
  17. Se le considera promotor y defensor ciudadano de los derechos humanos. Sus aportaciones a la ciencia del derecho son citadas por juristas de renombre alrededor del mundo y algunos de sus libros se recomiendan como bibliografía básica en licenciatura y posgrado de México y del extranjero.

  18. Casos relevantes
  19. En el ámbito de litigio ha implementados acciones tendentes a la preservación de la dignidad humana, entre ellas destaca el Amparo Farías donde reclamó la violación a los derechos humanos a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la identidad. El resultado de su intervención en unión de sus alumnos, fue una sentencia concesoria que benefició a múltiples sectores vulnerables del país que ya no requieren -en el Distrito Federal- ser derecho habientes para salvaguardar su derecho a la salud, lo cual abonó al premio internacional que la Corte de Justicia recibió en 2013, así como a la existencia del programa federal de cruzada contra el hambre y l posibilidad de acceder a servicios públicos de salud sin necesidad de ser derechohabiente.

    También trascendió su actividad en el Amparo Vadím, donde defendió a un sordo por violación a su derecho humano a la educación inclusiva, pues las universidades públicas en México no respetan el mínimo necesario para brindar servicios educativos a personas con capacidades diferentes que requieren exámenes especiales de ingreso y auxiliares en su educación.

    De igual forma intervino en el Amparo Bordo de Xochiaca, para defender a las víctimas de un basurero oficialmente cerrado pero sin medidas estaduales para evitar la generación de fauna nociva, la acumulación de gases en riesgo de explosión, la contaminación al manto acuífero por lixiviados y los desperdicios que siguen llegando y alimentan a las aves cuyo vuelo pone en riesgo a los aviones que circulan por ese perímetro. La defensa consistió en preservar el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano y al desarrollo social.

    Promovió amparo contra el salario mínimo general vigente en México por violar lo previsto en la Constitución federal, ya que a su juicio una familia no puede sobrevivir con un ingreso de menos de 6 dólares diarios. El caso giró entorno a un estudiante que obtuvo un empleo con retribución semejante y no pudo hacer frente a sus gastos mínimos; por mayoría de razón un padre de familia tampoco podría.

    Como presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de la ley bala que autorizaba el uso de armas de fuego para disuadir manifestaciones. A favor de empleados judiciales en Guerrero cuyos sueldos precarios estaban poniendo en riesgo la impartición de justicia y contra de la violación de derechos humanos de periodistas en Sinaloa, entre otros.

    Las personas que acuden al maestro Carpizo saben que en él encontran una opinión honesta o dictamen verídico que no enreda o retarda la verdad con tal de cobrar honorarios.

  20. Premios y distinciones
  21. Pese a declinar su postulación a diversas condecoraciones, su trayectoria ha sido distinguida por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con la cátedra "Raúl Cervantes Ahumada", y la Legión de Honor, México-Francia lo reconoce con la medalla al "Mérito académico".

  22. Líneas de investigación
  23. Derecho Constitucional

    Derechos Humanos

    Procuración, administración e impartición de justicia

  24. Tendencias ideológicas
  25. A favor de la libertad de expresión y de cátedra

    A favor del derecho a un medio ambiente sano y óptimamente intervenido

    A favor de la dignidad humana

    A favor del uso de analgésicos orgánicos en enfermos terminales

  26. Principios y valores
  27. Disciplina, lealtad y compromiso

  28. Labor actual
  29. Socio Fundador de Carpizo Company & Lawyers

    Presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos.

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